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Con el deseo de colaborar efectivamente para que los votantes de hoy se transformen en los electores del mañana y que el principio de que la soberanía reside en el pueblo sea una tangible realidad. Nuestra consigna: ¡Votar para elegir!

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Firmas // Dulce María Tosta

El llamado que hiciera la MUD para recoger una cantidad de firmas equivalente al uno por ciento del padrón electoral con el supuesto objeto de «activar el referendo revocatorio», constituyó un acto de absoluta irresponsabilidad. Para empezar, fue un engaño, pues la base legal en la que se fundamentó la actividad está dirigida a la creación de grupos de electores y no a la activación de referendos. Pero aún más grave es que la normativa, sumisamente aceptada por la MUD, es inconstitucional y por ende nula de nulidad absoluta, incapaz de producir efectos jurídicos. Analicemos el asunto:

- La Constitución es la norma suprema. Todas las personas y órganos están sujetos a ella y los derechos que enumera no pueden ser limitados, restringidos u obviados por ninguna autoridad pública, ni ameritan reglamentación legal para su disfrute;

-Los referendos no son concesiones que el Poder Público hace a los ciudadanos de forma graciosa; por el contrario «…son medios de participación en los cuales se concretizan los derechos de los ciudadanos a ejercer su soberanía…». Entre ellos se destaca el revocatorio, como expresión inequívoca de la supremacía del pueblo sobre los órganos del Estado;

- La Resolución del CNE en comento modifica –de hecho– el artículo 72 constitucional, cuando agrega a los requisitos que él establece otros que no tienen fundamentación  alguna. Así, por ejemplo, seria fácilmente percibible el disprate si a los requisitos para ser Presidente de la República una ley le agregara otros, como ser casado y profesional universitario. Algo similar hizo el CNE con su malhadada Resolución al someter a requisitos previos el ejercicio de un derecho constitucional que, como cualquier otro, no admite limitación administrativa;

- La Constitución castiga  duramente comportamientos como los del CNE en su Resolución del año 2007: «Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.» (Artículo 25) (Negrillas nuestras). Es evidente que el Órgano Electoral violó la Constitución al someter a los revocantes al cumplimiento de requisitos extra constitucionales que tienen como evidente intención menoscabar el ejercicio de la soberanía popular en su expresión revocatoria.

- El vicio de inconstitucionalidad de que adolece el acto del CNE, se hace más evidente cuando se revisan las normas invocadas para dictarlo (base legal): el numeral 5 del artículo 293 y la Disposición Transitoria Octava de la Constitución y los artículos 2, 3 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Como era de esperarse, en ninguno de ellos se le autoriza para actuar de la forma en que lo hizo.

El Consejo Nacional Electoral ya nos tiene acostumbrados a la violación de la Constitución y leyes de la República para beneficiar al régimen, pero la MUD y los promotores a ultranza del revocatorio tienen la obligación moral y política de explicar sus conductas, máximo cuando con ella expusieron innecesariamente a miles de valientes conciudadanos firmantes a ser perseguidos, hambreados y sometidos a todo género de vicisitudes, pues no sería de extrañar la creación de una nueva lista Tascón, émulo de la que fuera una de las páginas más negras de nuestra historia republicana.

Quedamos a la espera.

Nota: Al posar el cursor sobre las palabras en verde, se abren ventanas con información complementaria.

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@DulceMTostaR
http://www.dulcemariatosta.com

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Comentarios   

+1 #1 Carlos Asuaje 15-05-2016 20:31
"En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario."
George Orwell
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