Tiby // Dulce María Tosta

Tibisay hizo su trabajo. Tras una cuidadosa puesta en escena que dotó al momento de ambiente académico, la rectora inició su disertación dirigida al logro de dos objetivos principales: la confiabilidad y honorabilidad del CNE y la complejidad técnica y jurídica de un referendo revocatorio.

Con respecto a lo primero, se evidencia que el discurso estaba dirigido a la audiencia extranjera y a los amnésicos criollos, pues las encuestas señalan el monumental desprestigio y poca confiabilidad del organismo electoral. ¿Motivos? Veamos:

- El referendo revocatorio del 15 de agosto de 2004 contra el entonces presidente Chávez, al cual no se le dio luz verde  hasta que la oposición aceptó todas y cada una de las condiciones impuestas por el revocable y que, a la larga, convirtieron la justa en una campaña electoral plebiscitaria con un solo candidato. Los adjetivos maliciosamente insertados en la pregunta muestran el sesgo de quien debía ser imparcial: «Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular, otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual periodo presidencial?»

- La actitud permisiva ante la grosera y descarada utilización de los recursos del Estado para impulsar las candidaturas  oficiales, entre los que destaca la línea editorial del canal de televisión del Estado (VTV), convertido en apéndice del PSUV;

- El irresponsable adelanto de las elecciones presidenciales de 2012 al siete de octubre, dado que el grave estado de salud de Chávez así lo requería;

- La negativa a realizar las verificaciones solicitadas por el candidato oficialmente derrotado Henrique Capriles, en las elección presidencial de 2013;

- La promulgación de la Resolución N° 070906-2770 de fecha 6 de septiembre de 2007, que restringe derechos que la Constitución Nacional otorga a la ciudadanía y que convierte los referendos revocatorios en una larga escalera de trámites y requisitos y que durante su larga alocución la rectora llamó «la norma», evitando los detalles.

Con respecto a la complejidad jurídica y a la multiplicidad de trámites y requisitos que ahora alega, todos ellos fueron creados por ella misma para proteger al chavismo gobernante y hacer casi imposible el ejercicio de ciertos derechos políticos.

Con respecto a los derechos constitucionales y legales que resultaron fracturados por «la norma» de Tibisay, podemos citar:

- El derecho de petición consagrado en el artículo 51, por el cual toda persona tiene derecho a dirigir peticiones a cualquier autoridad o funcionario público y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Según «la norma» de Tibisay, las personas deberán organizarse en agrupaciones de ciudadanos (Art. 4), pero esa organización no se podrá efectuar hasta transcurrida la mitad del periodo para el cual fue electo el funcionario (Art. 7), por lo que las organizaciones anteriormente constituidas no podrán solicitar revocatorios (caso MUD y partidos políticos).; esas agrupaciones deberán constituirse con no menos del 1% de la población inscrita en el Registro Electoral (Art. 8), quedando el CNE autorizado para incorporar tecnología de identificación biométrica en la fase de constitución (Art. 9). Podrá notar el amable lector que todo este barullo del 1% que ladinamente capitanearon Capriles y la MUD, no ha servido ni siquiera como solicitud oficial de referendo, la cual se deberá realizar mediante el 20%, por lo menos, a que se refiere el artículo 72 de la Constitución;

- El derecho de asociación consagrado en el artículo 52 de la Constitución, es tratado por la norma de Tibisay casi como un favor que el CNE hace a la ciudadanía y para la cual, en puridad de derecho, el CNE no tiene competencia, pues ésta nace con respecto a un caso concreto, una vez que los ciudadanos interponen la petición en materia de su competencia y se inicia el procedimiento administrativo correspondiente.

- La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos también recibieron lo suyo, muy especialmente en cuanto a los principios que deben informar la actividad administrativa: economía, eficacia, celeridad e imparcialidad (Art. 30 de la LOPA). El empeño del CNE de intervenir en la vida ciudadana aún antes de que se inicien los procedimientos electorales para los cuales la ley lo dota de competencia, es clara muestra de sus aviesos objetivos.

Mientras esta barbarie se desata y la oposición, intoxicada por intereses (Armando Durán dixit), se aleja cada vez más de los intereses de la gente, susurramos: de Tibisay y sus comadres y de la «oposición» caprilista, líbranos Señor.

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Turmero, 10 agosto de 2016

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