Las declaraciones recientes y reiteradas de la fiscal general de la República sobre Carlos Andrés Pérez son patéticas y vergonzosas. Se ha dedicado la cabeza del Ministerio Público a insistir en varios casos de presunciones de culpabilidad del expresidente. El reconcomio se remonta a rumores de violaciones de derechos humanos en los años sesenta, que ella misma dice jamás fueron denunciados (?). Lo cuestiona también por haber activado el Plan Ávila, el mismo que activó Chávez el 11 de abril de 2002 y que, afortunadamente, fue desacatado por la Fuerza Armada.

La fiscal es la misma que se ha hecho la vista gorda sobre los casos de la juez Afiuni y el comisario Simonovis y que no pudo evitar la muerte del valiente señor Franklin Brito, fallecido luego de años de una huelga de hambre que transcurrió en las narices de todo el país. También es la que está al frente de un organismo que no ha podido hacer que condenen a Makled por narcotráfico y que ha avalado las diarias violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho que realiza el Gobierno.

¿Por qué la fiscal en lugar de dedicarse al derecho penal de los difuntos no emprende una campaña para que los órganos del Estado respeten la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que levanta la inhabilitación política de Leopoldo López? ¿Por qué no abre una seria y profunda investigación sobre la responsabilidad del Gobierno en las más de 19.000 muertes violentas que ocurren cada año? ¿Qué pasa con las investigaciones sobre grandes carteles de la droga que operan libremente en el país, con la presunta complicidad de altos funcionarios del Gobierno?

Es más fácil dedicarse a revolver resentimientos en un sarcófago que dedicarse a trabajar en lo que debe. Es menos comprometido investigar los culpables imaginarios de la muerte de Bolívar que contribuir para que se sancione la corrupción de un alto funcionario.

La tragedia de este Gobierno -en el que se debe incluir a la fiscal- es que en lugar de pensar en el futuro del país, se limita a exacerbar, inventar y regodearse en odios antiguos que en nada contribuyen a la construcción de un país de tolerancia y paz.

Si CAP fue culpable de algo por lo que no fue condenado, se lo llevó a la tumba. El argumento de la señora Ortega Díaz es tan insustancial como salir a reclamar que se debe juzgar a Lina Ron o a Tascón por las atrocidades que hicieron. La fiscal debería saber que, como dijo el Rey Maelo, "las tumbas son pa' los muertos", y focalizar su trabajo en los que están vivos y gozando del estado de impunidad que su ineficiencia ha ayudado a forjar.

Escrito por: Marcos Carrillo
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@carrillomarcos

Fuente:
http://www.eluniversal.com/opinion/111007/cap-y-la-fiscal?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsEUopi

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