Se deben cumplir los pactos internacionales tal y como dispone la ley fundamental.

Venezuela rindió su prueba en Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a cuya creación se opuso verbalmente por considerarla resolución "cosmética, llena de trampas, un teatro, un arreglo político de muy alto nivel". Pero terminó absteniéndose con Irán y Bielorrusia, "porque no íbamos a hacer comparsa con EEUU" que votó negativamente.

Sentada en el banquillo la representación del régimen recibió 148 recomendaciones de las cuales 95 fueron aceptadas (argumenta que 75 ya han sido implementadas), difirió 15 para el próximo año y rechazó 38. Entre éstas figuran el respeto al poder judicial y a la libertad de expresión.

Según el embajador ante la institución en Ginebra, Germán Mundaraín, "las recomendaciones hechas no son de obligatorio cumplimiento". Menosprecia así el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana, el cual bueno es reiterarlo, ordena: "Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas por esta Constitución".

Para su consecuente sucesora en la Defensoría del Pueblo: "se restituyen vínculos con Naciones Unidas", con lo cual reconoce ruptura con la Organización. Y en su lenguaje de guerrero el comandante presidente manifiesta haber ganado una batalla.

En definitiva el régimen, que la OEA lleva 7 años consecutivos ubicando en la lista negra de infractores a Derechos Humanos (DDHH), no podía pasar el EPU, por lo cual debe ir a reparación y cumplir pactos internacionales tal dispone la ley fundamental.

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