Caracas, marzo de 2013


Señores:
Nicolás Maduro Moros y
Henrique Capriles Radonsky
Candidatos a la Presidencia de la República.
Presentes.

Estimados compatriotas:
el nivel de corrupción e ineficiencia de las aduanas y la impunidad de que gozan los funcionarios corruptos, me impulsan a escribirles, persuadido de que la solución a estos problemas y otros no menos graves que señalaré, exigen decisiones al más alto nivel político.
La corrupción ha alcanzado sus máximos históricos y -como nunca antes- los trámites aduaneros son lentos y engorrosos, alejados de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. El derecho a la justicia, consagrado constitucionalmente, se diluye en un reiterado silencio administrativo, lo que es aprovechado por los funcionarios corruptos para poner contra la pared a sus debilitadas víctimas. En el SENIAT reposan miles de recursos jerárquicos sepultados en el más ominoso silencio administrativo.
Esta comunicación sería inacabable si intentara referir todas las tropelías que se cometen en las aduanas, más no quiero dejar sin comentario expreso la violación del artículo 149 de la Ley Orgánica de Aduanas, que ordena la profesionalización del servicio. Desde hace muchos años, las aduanas han sido una suerte de “botín de guerra” para el partido ganador de la contienda electoral; ello ha permitido que personas ignaras en la materia hayan ostentado cargos de gran complejidad técnica, causando desmoralización entre el personal, pérdidas incalculables a la República, a los usuarios y a la población en general por sus efectos inflacionarios.
Las aduanas deben y pueden cambiar, pero no lo harán por concesiones de la buena suerte ni por designio de fuerzas superiores inasibles a la comprensión humana. ¡No! Ellas cambiarán si queremos que cambien y, sobre todo, si ustedes lo quieren al ejercer la Presidencia de la República. Yo, como aduanero de vieja data y amante de mi Patria, cumplo con sugerirles respetuosamente, lo siguiente:
1.- Creación de la Superintendencia Nacional de Aduanas. Hace décadas que las aduanas dejaron de ser entes de recaudación fiscal, para convertirse en unidades de protección industrial y orientación del comercio internacional; así lo reconoce nuestra Constitución cuando utiliza el término “gravamen” para referirse a la exacción aduanera, a diferencia de la palabra utilizada para señalar el impuesto sobre la renta y demás rentas internas. Las aduanas nunca han debido estar dentro del SENIAT y no funcionarán bien mientras lo estén; lo óptimo sería adscribirlas a un ministerio de comercio exterior cuya creación es un imperativo de estos tiempos de globalización.
2.- Promulgación del Código Orgánico Aduanero para adecuar la actividad a los preceptos de la Constitución de 1999, a los convenios internacionales y a principios generales del derecho en lo que respecta a la restricción de libertades y garantías.  Las aduanas son órganos de policía administrativa que limitan, en beneficio del bien común, la libertad de tránsito y el usufructo de la propiedad; ambas materias son de reserva legal y no deben ser tratadas por reglamentos u otros actos administrativos.
3.- Creación de juzgados de aduanas, tanto de primera instancia como superiores, de tal manera que las decisiones administrativas puedan ser revisadas por el poder judicial, no sólo en los casos de contrabando si no también cuando los ciudadanos consideren que se han violado sus garantías y/o derechos. De nada sirve una Constitución garantista en ausencia de órganos de justicia al alcance de la ciudadanía para enfrentar, sobre todo, la falta de respuesta o las réplicas inadecuadas a los peticiones de los ciudadanos.
4.- Eliminación del SIDUNEA y sustitución por herramientas informáticas, telemáticas y de código de barras que eliminen la vieja concepción de la autonomía de las oficinas aduaneras, requerida en los tiempos en que las comunicaciones más rápidas era provistas por el telégrafo; sugerimos derivar hacia una aduana única similar a las instituciones bancarias que, con un fuerte acento unitario y central, prestan servicios en los más apartados lugares de la República. De esta manera, las labores de inspección y control serían más fáciles y rigurosas y las ilegalidades fácilmente detectables.
5.- Un sistema de seguridad social para los funcionarios que haga atractiva y estable la carrera aduanera, propia de profesionales y no de empleados de ocasión. En lo respecta al sector privado, la inmediata derogatoria de la Resolución N° 2.170 de fecha 3 de marzo de 1993 (G. O. N° 35.164 de fecha 4 de marzo de 1993) es un imperativo de la justicia y una aplicación directa de la Constitución y la ley.
Esta carta que les envío en la creencia de que con ella cumplo un deber moral inaplazable, dista mucho de abarcar los múltiples temas que constituyen la problemática del sector, pero si lograra con ella llamar la atención de tan eminentes compatriotas sobre la necesidad de reconstruir las aduanas, el esfuerzo y la esperanza habrán valido la pena.
Reciban mi cordial saludo.

Carlos Asuaje Sequera
C. de I. 2.504.560
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