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¿Es legítima la Asamblea Nacional? // Carlos Asuaje Sequera

Hay ciertos asuntos que todo venezolano debería conocer para poder tener una adecuada relación con los gobernantes del País.

El Estado –tanto el venezolano como cualquier otro- es un ser incorpóreo, una creación constitucional incapaz de tomar decisiones o cumplir objetivos, hasta tanto cada uno de sus órganos haya sido cubierto por los titulares que señalen la Constitución y la Ley; concretando, sin sus órganos debidamente cubiertos por sus respectivos titulares, el Estado sería una entelequia, una cosa irreal, incapaz de producir resultado alguno o de justificar su existencia.

Para lograr sus fines, el Estado reparte atribuciones entre sus diferentes órganos, los cuales podemos asimilar a pequeños compartimientos estancos, encargados de cumplir ciertas funciones expresamente señaladas en la normativa legal. En este punto debemos detenernos para enfatizar que las atribuciones deben estar señaladas por ley y que los titulares de los diferentes órganos solo pueden hacer aquello que les esté expresamente permitido.

Es lógico que así sea, pues con la desaparición de los reyes medievales, cuyo poder no derivaba de la ley si no de Dios, el poder «intuitu personae» desaparece para dar paso a otro que se ejerce a nombre y en representación del pueblo, en quien reside la soberanía.

Por un largo proceso histórico que se inició en Inglaterra en 1215, durante el reinado de Juan I, la soberanía, residente en el monarca por disposición divina, se traslada al pueblo quien, obviamente, tuvo que apelar a la figura de la representación o delegación y a afinar la teoría de la soberanía popular, la cual fue fuertemente catapultada por la Revolución Francesa.

Esa necesaria delegación produce la necesidad de crear un sistema electoral capaz de dar titularidad a los órganos, quienes antes de esta dotación no pasarían de ser un conjunto de atribuciones y competencias huérfanas de una fuerza ejecutora.

Sin un sistema electoral que haga posible que el electorado se exprese libremente, ninguno de los órganos del Estado puede adquirir legitimidad de origen. Tal legitimidad requiere de dos elementos ineludibles: una normativa electoral que facilite ampliamente que el electorado escoja a sus representantes y un organismo que administre las elecciones con absoluta pulcritud, donde los resultados no difieran –ni en un ápice– del querer de la gente.

Pero no es suficiente llegar legal y limpiamente a la titularidad de un cargo de elección popular. Una vez allí, el funcionario no debe hacer otra cosa que lo que le permita su competencia legalmente señalada; como persona privada puede hacer todo cuanto no le esté prohibido, pero en ejercicio del cargo para el cual fue electo, solo puede actuar dentro de los límites de su competencia o, en otras palabras, previa autorización expresa de la Ley.

Lo que antecede implica un segundo tipo de legitimidad, tan importante como el primero: la legitimidad de ejercicio, íntimamente relacionada con la «competencia», que a decir del ilustre profesor Eloy Lares Martínez, «es la aptitud legal de los órganos del Estado», la cual no se presume y que, por tanto, debe ser expresamente definida en una regla atributiva, en ausencia de la cual los actos de los órganos del Estado carecen de validez.

Todo lo anteriormente comentado pone sobre el tapete un asunto acaloradamente debatido: ¿es legítima la Asamblea Nacional surgida de las votaciones del 6 de diciembre de 2015? Desde el punto de vista de su origen, tal Asamblea pudiera ser legítima, a pesar de las dudas que pesan sobre la honorabilidad e imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, quien a la sazón fue quien proclamó a los diputados electos, así como las extrañas circunstancias que rodearon la constitución del grupo de electores denominado «Mesa de la Unidad Democrática».

En lo que respecta a la legitimidad de ejercicio, la ilegitimidad es evidente, pues los diputados no actúan en su carácter de representantes, en franca violación de los artículos 197 y 201 de la Constitución, pues anteponen sus intereses personales y grupales al negar –desoyendo el clamor nacional- la autorización a que se refiere el numeral 11 del artículo 187 constitucional.

La Constitución, la doctrina y la semántica son claras. Representante es la persona que representa a un ausente; por tanto, un diputado no debe tener otra voz ni otro desempeño que el determinado por quienes representa, pues de no hacerlo así, incurre en incompetencia personal o colectiva que, a decir del profesor Jean Rivero, es la forma de ilegalidad más grave en que puede incurrir un agente público.

La Asamblea Nacional no es un poder autónomo, desligado del principio de la soberanía popular; por el contrario, su principal deber es ser la voz –por delegación– de aquellos a quienes dice representar y que han expresado de manera inequívoca y por múltiples medios el camino que desean transitar.

La Venezuela que por culpa de sus torceduras institucionales hoy llora en carreteras extranjeras la inmensidad de su tragedia, que soporta con rabia contenida la xenofobia de quienes hace poco fueron nuestros huéspedes y que se percata de la traición de políticos indecentes que hasta ayer creyó sus salvadores, debe encontrar fortaleza en el recuerdo de la historia patria; no olvidar que no es esta la primera diáspora de nuestra historia, que en el siglo XVIII ocurrió la primera, cuando pisamos los caminos de media América para sembrarla de libertad.

Escrito por: Carlos Asuaje Sequera
@CarlosAsuajeS
http://www.eligetu.org/

 Fuente: http://www.eligetu.org/index.php/articulos-de-opinion?layout=edit&id=61

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