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Con el deseo de colaborar efectivamente para que los votantes de hoy se transformen en los electores del mañana y que el principio de que la soberanía reside en el pueblo sea una tangible realidad. Nuestra consigna: ¡Votar para elegir! Visitanos
NOTA IMPORTANTE: Las propuestas que hacemos en este sitio solamente se pueden hacer realidad en democracia. |
Nuestro Código Penal señala que comete delito de estafa quien «con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, …» (Art. 464); de manera similar se pronuncia el Código Penal italiano: «El que con artificios o embustes aptos para engañar o sorprender la buena fe ajena, induciendo a alguien en error, procura a sí mismo o a otro un provecho injusto con daño ajeno …» (Art. 413). A decir de los entendidos en la materia, este es un delito contra el patrimonio que tiene dos elementos esenciales: el engaño y el daño y el bien protegido por el Estado -la tutela penal- es la inviolabilidad del patrimonio, el cual es considerado de interés público.
La doctrina ha estudiado profusamente este delito, con especial atención a los dos elementos integradores del engaño: el subjetivo, constituido por el conjunto de maniobras fraudulentas adelantadas por el estafador y el error en que incurre la víctima como efecto directo de la conducta engañosa de quien lo estafa. Dicho error provoca, como consecuencia buscada por el delincuente, que el perjudicado haga entrega pacífica de su patrimonio.
Venezuela atraviesa una situación caótica. La escasez de alimentos y de medicamentos y la abundancia de delitos nos han escamoteado el derecho a vivir y nos recuerdan -cada momento- la ineluctable proximidad de la muerte.
El tornillo del garrote vil que un régimen político perverso puso en el cuello de la República, ha sido apretado lenta pero constantemente; los demenciales métodos aplicados en otras latitudes con resultados humanos y económicos desastrosos, están siendo impuestos en la patria de Bolívar y Miranda con inaudita vesania, provocando miseria y desesperanza; pero la hora del «sálvese quien pueda» parece haber llegado, no para huir despavoridos ante el inminente hundimiento de la nave, sino para ponernos de pie, enarbolar banderas y luchar por la vida.
La situación venezolana no es inédita: Armenia (1915 – 1923), Ruanda (1994), Ucrania (1932 – 1933) y Europa (1939 – 1945) presenciaron la desaparición de millones de personas por motivos de raza, religión o política y que el jurista judío Raphael Lemkin (1900 – 1959), llamara genocidio, provocando que en diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Convención de la cual Venezuela es signataria.
Desde el instante en que Jehová le preguntó al hijo mayor de Adán y Eva «¿Dónde está tu hermano?» hasta el presente, hemos realizado infinidad de preguntas y obtenido infinidad de respuestas ambiguas, calco de la primera con la cual se quiso ocultar el fratricidio: «¿Soy acaso el guardián de mi hermano?».
Quizás la evasiva respuesta de Caín fue el primer acto de mala política que recuerde la historia; después de ese se cuentan por billones las piruetas verbales, las mentiras, las medias verdades, las omisiones y distorsiones diseñadas a la medida de los intereses grupales.
Consciente de los riesgos que asume quien pregunta, pues las malas preguntas son promotoras de respuestas protervas, no hacerlas es inexcusable en tiempos de angustia, cuando el tema no atañe al futuro sino al ya, al ahora, al próximo segundo.
Cuando analizamos las razones que pudiera tener la MUD para impulsar el revocatorio y desechar la nacionalidad de Maduro, necesariamente debemos hurgar en la gaveta de los intereses comunes, en el inframundo de los acuerdos secretos y de las coincidencias vergonzosas.
Un chavismo poderoso, dueño del poder y culpable de todos los males del País es imprescindible para la MUD; en el mismo momento en que desapareciera aquel, ésta perdería su razón de ser y volveríamos al sistema de partidos políticos independientes, dejaría de existir el omnímodo «dedo» opositor y se esfumarían las posibilidades de Capriles de ser candidato y cosechar los frutos del antichavismo.
El 6 de diciembre quedó demostrado que el chavismo es el gran elector. El voto de la gente gira a su alrededor –a su favor o en su contra– sin importar el nombre o la trayectoria de los candidatos, lo cual fue aprovechado por los partidos para ubicar convenientemente a sus activistas y alzarse como los grandes triunfadores, dejando al pueblo la inocua función de humilde votante.
El decreto Gramcko es inadmisible para la MUD por cuanto produciría efectos inmediatos y, en el peor de los casos, trancaría un juego que a ella le conviene continuar hasta la elección presidencial de 2018;
El llamado que hiciera la MUD para recoger una cantidad de firmas equivalente al uno por ciento del padrón electoral con el supuesto objeto de «activar el referendo revocatorio», constituyó un acto de absoluta irresponsabilidad. Para empezar, fue un engaño, pues la base legal en la que se fundamentó la actividad está dirigida a la creación de grupos de electores y no a la activación de referendos. Pero aún más grave es que la normativa, sumisamente aceptada por la MUD, es inconstitucional y por ende nula de nulidad absoluta, incapaz de producir efectos jurídicos. Analicemos el asunto:
- La Constitución es la norma suprema. Todas las personas y órganos están sujetos a ella y los derechos que enumera no pueden ser limitados, restringidos u obviados por ninguna autoridad pública, ni ameritan reglamentación legal para su disfrute;
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