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Con el deseo de colaborar efectivamente para que los votantes de hoy se transformen en los electores del mañana y que el principio de que la soberanía reside en el pueblo sea una tangible realidad. Nuestra consigna: ¡Votar para elegir! Visitanos
NOTA IMPORTANTE: Las propuestas que hacemos en este sitio solamente se pueden hacer realidad en democracia. |
El llamado que hiciera la MUD para recoger una cantidad de firmas equivalente al uno por ciento del padrón electoral con el supuesto objeto de «activar el referendo revocatorio», constituyó un acto de absoluta irresponsabilidad. Para empezar, fue un engaño, pues la base legal en la que se fundamentó la actividad está dirigida a la creación de grupos de electores y no a la activación de referendos. Pero aún más grave es que la normativa, sumisamente aceptada por la MUD, es inconstitucional y por ende nula de nulidad absoluta, incapaz de producir efectos jurídicos. Analicemos el asunto:
- La Constitución es la norma suprema. Todas las personas y órganos están sujetos a ella y los derechos que enumera no pueden ser limitados, restringidos u obviados por ninguna autoridad pública, ni ameritan reglamentación legal para su disfrute;
En la fresca tarde del 1° de diciembre de 1955, en la ciudad de Montgomery, Alabama, una modesta costurera de piel negra puso la primera piedra al monumento de los derechos civiles en Estados Unidos, cuando se negó a cumplir una ley que segregaba a los autobuses públicos, de manera tal que los afroamericanos debían apiñarse al fondo del vehículo y ceder el asiento al pasajero blanco que lo requiriera. Preguntada sobre las razones que la animaron a mantenerse sentada a pesar de la iracunda increpación del conductor para que dejara su asiento, contestó lacónicamente: «Estaba cansada de ceder».
Presa por alterar el «orden público», la comunidad negra asumió su «cansancio» e inicio un pacífico y contundente boicot a los buses públicos y durante 382 días ni un solo negro los abordó; iban y venían de sus trabajos a pie o en aventones, bajo sol inclemente o despiadada lluvia, aguantando ventiscas y agresiones, pero sin ceder un ápice en su afán de igualdad; a pesar de estos pesares se mantuvieron firmes hasta que el Tribunal Supremo de la Nación dictaminó que la segregación racial en el transporte era inconstitucional. Así, el hartazgo de una humilde costurera que decidió no permitir más abusos contra su condición humana, fue el primer paso de la gran marcha a Washington que clausurara Martin Luther King con su famoso discurso «Yo tengo un sueño».
¿Oposición? // Dulce María Tosta
Buena parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo en esta Venezuela en ruinas, corresponde a quienes deberían ejercer una vigorosa oposición, con vista a preservar el legado de las nuevas generaciones y no a triunfar en las próximas elecciones. Lo que está sucediendo es el producto de una grave carencia de estadistas que se amalgama con una asfixiante proliferación de políticos baratos y oportunistas que buscan en la política lo que saben que no alcanzarán por la vía de esfuerzos y talentos.
La crisis nacional no es solamente económica y hasta me atrevería a decir que fue precedida y procreada por una crisis moral que restó importancia a la corrupción administrativa y que celebraba a los adecos porque ellos «robaban y dejaban robar». Un país con moral tan laxa no percibió los peligros que se le encimaban y lo ponían al borde del despeñadero, pues como bien dijera Dwight Eisenhower «Un pueblo que valora sus privilegios por encima de sus principios, perderá ambos.»
A decir de los entendidos en materia jurídica, hay ciertos aspectos de la salida de Maduro que no han sido expuestos a la opinión pública con la debida rigurosidad.
Ni los que quiebran lanzas a favor del revocatorio (Capriles y Julio Borges, principalmente), ni los que aúpan la vía de la nacionalidad (los mismos que propusieron «la salida») para terminar con esta pesadilla, han mencionado las consecuencias jurídicas de uno u otro método, permitiendo que en el imaginario popular se forme la creencia de que son las mismas y que la defenestración de Maduro es suficiente premio para cualquier esfuerzo.
Vamos con una perogrullada: solo puede ser revocado quien sea revocable, es decir, aquel que se encuentre ejerciendo un cargo o magistratura de elección popular, al cual haya accedido mediante cumplimiento de los requisitos constitucionales, entre los que destacan los señalados en los artículos 40 (derechos políticos son privativos de los venezolanos por nacimiento), 41 (cargos que solo pueden ser ejercidos por venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad) y 227 (requisitos para ser Presidente de la República (venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, entre otros)).
Desde hace ya largo tiempo, la política venezolana ha caído en el vicio de utilizar palabras al voleo, sin preocuparse de analizar si el término con el que se pretende nombrar a una persona tiene algo que ver con su conducta y aptitudes. Quizás esta manera alegre de nombrar y calificar tuvo su origen en el medio artístico que vio en José Luis a un puma y tigresas o fieras en damas de apacible carácter.
Nuestros políticos parecen haber olvidado, o acaso nunca lo supieron, que existe una rama de la semántica denominada semántica lógica, que estudia la relación entre el signo lingüístico y la realidad, así como las condiciones necesarias para que una palabra pueda aplicarse a un objeto o persona.
Esta perversión del lenguaje y de la política, produce indeseables efectos en la vida nacional y genera una suerte de desorientación ideológica y un descreimiento social que encuentran su expresión concreta en la antipolítica y, especialmente, en el rechazo a los partidos políticos como instrumentos necesarios de la vida democrática.
El hecho de que algunos dirigentes de la oposición propongan el revocatorio como forma de concluir esta absurda pesadilla, no sería motivo de preocupación si a ella no viniera adosada una virulenta campaña de desprestigio de otras maneras igualmente válidas: la nacionalidad y la renuncia.
Los opositores que se adhieren sinceramente a la necesidad de poner fin a este desgobierno para salvar al País de mayores males, seguramente tendrán razones para preferir una u otra manera, en virtud de su viabilidad y del menor costo humano y social; pero los que anteponen sus intereses personales o grupales, pudieran estar calculando lapsos y oportunidades, intereses electorales y acuerdos subrepticios, con vista a las elecciones presidenciales de 2019.
Según el artículo 233 de la Constitución, «Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo.»
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