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Con el deseo de colaborar efectivamente para que los votantes de hoy se transformen en los electores del mañana y que el principio de que la soberanía reside en el pueblo sea una tangible realidad. Nuestra consigna: ¡Votar para elegir! Visitanos
NOTA IMPORTANTE: Las propuestas que hacemos en este sitio solamente se pueden hacer realidad en democracia. |
La hermosa manifestación popular del 1° de septiembre nos llamó a especiales reflexiones sobre el presente y el futuro del País. Las filmaciones hechas desde las alturas mostraron ríos de gente moviéndose en paz y de acuerdo a un plan preestablecido. Eran personas venidas desde diferentes lugares, desde los más recónditos sitios de Venezuela, atentas a un llamado de la MUD, pero impulsadas por el hambre, la inseguridad, la carestía y por ese cúmulo de estrecheces y carencias generadas por un régimen insensible y provocador, sordo al clamor de un pueblo sufriente.
Desde el punto de vista formal, la MUD hizo la convocatoria y estableció los puntos de reunión y las avenidas y calles a recorrer, pero el dispositivo que impulsó a cada uno de los tomistas a separarse de sus sitios de confort era ajeno al mundo de la política partidista y de sus líderes grupales y, por el contrario, hubiese preferido que la única bandera echada al viento fuera la tricolor, la que nos regaló Miranda en los albores de la independencia nacional.
Pero una cosa piensa el burro y otra quien lo está enjalmando; Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, parapetados tras los términos MUD, Unidad y Oposición, tienen sus miradas puestas en las próximas elecciones de gobernadores y en las presidenciales de 2018, por lo que la fecha del revocatorio, tan ardorosamente promovida por Capriles y su gente, es negociable, aun cuando se cuidan mucho de aparentar lo contrario. Capriles sabe que ser candidato de la oposición en 2018, equivale a
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha convocado a la ciudadanía para que el 1° de septiembre se movilice hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE), a objeto de solicitarle que fije la fecha en que se recolectarán las firmas para solicitar la convocatoria de un referendo revocatorio que ponga cese al mandato del actual Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. A dicha actividad se le dio el nombre de «Toma de Caracas».
En puridad de derecho, tal evento es innecesario, por cuanto el artículo 51 de la Constitución establece el derecho de petición, cuyo ejercicio no amerita autorización o permiso por parte de autoridad administrativa alguna. La fecha en que se ha de realizar la solicitud la fija el peticionario en ejercicio de su derecho constitucional y resulta absurdo, antijurídico e inconstitucional que sea el receptor quien la determine.
Pero aun cuando fuera admisible que la Resolución N° 070906-2770 del CNE sea de aplicación preferente a la normativa constitucional, es menester hacer ciertas consideraciones de orden político para darle al evento su justa dimensión.
Tibisay hizo su trabajo. Tras una cuidadosa puesta en escena que dotó al momento de ambiente académico, la rectora inició su disertación dirigida al logro de dos objetivos principales: la confiabilidad y honorabilidad del CNE y la complejidad técnica y jurídica de un referendo revocatorio.
Con respecto a lo primero, se evidencia que el discurso estaba dirigido a la audiencia extranjera y a los amnésicos criollos, pues las encuestas señalan el monumental desprestigio y poca confiabilidad del organismo electoral. ¿Motivos? Veamos:
- El referendo revocatorio del 15 de agosto de 2004 contra el entonces presidente Chávez, al cual no se le dio luz verde hasta que la oposición aceptó todas y cada una de las condiciones impuestas por el revocable y que, a la larga, convirtieron la justa en una campaña electoral plebiscitaria con un solo candidato. Los adjetivos maliciosamente insertados en la pregunta muestran el sesgo de quien debía ser imparcial: «Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular, otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual periodo presidencial?»
La característica fundamental del régimen democrático es el respeto a la voluntad popular y al principio constitucional de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (Art. 5). Por tanto, cuando un gobierno, llámese de izquierda o de derecha, apela a las argucias para aparentar un respeto que no profesa pierde, simultáneamente, tanto el derecho a gobernar como a ser llamado democrático.
La informática y la telemática están cambiando la participación popular en las decisiones políticas; cualquier evento acaecido en las antípodas se conoce en cuestión de minutos; la inserción de cámaras y filmadoras en los llamados teléfonos inteligentes ha reducido el espacio a la irresponsabilidad y a la mentira; la promesa falaz aumentó su costo y los otrora todopoderosos editores vieron evaporarse su influencia ante el avance imparable de las redes sociales que juntan lo que está lejos y hermanan a seres desconocidos entre sí.
En contraposición a los beneficios de estos productos del ingenio humano, se encuentra la ignorancia de los pueblos que hace posible la intromisión de la política en asuntos que no son de su incumbencia.
El régimen que preside Nicolás Maduro tiene propósitos que cada día se hacen más evidentes: el control total de la economía y la imposición del pensamiento único; mediante estas dos herramientas inconstitucionales y antidemocráticas, pretende ejercer el poder de forma indefinida y usufructuarlo sin límite ni medida.
Ambos procesos se han desarrollado paulatinamente; desde el millardito que solicitó Chávez en tono suplicante hasta la disposición del oro del Banco Central y la vida de jeque de Nelson Merentes y desde el cierre de RCTV hasta la compra de Globovisión por testaferros, se han dado muchas y casi imperceptibles vueltas a la tuerca de la opresión. Nada se ha hecho de golpe y porrazo; hoy –por ejemplo– sufrimos un férreo control sobre la adquisición de alimentos, pero en un principio era una tímida regulación masivamente justificada por los medios de comunicación gubernamentales; el salvaje ataque que realizó el caballero Joao de Gouveia en la plaza Altamira y el lavatorio de manos de Chávez respecto al hecho, hasta la descarada libertad del asesino de Adriana Urquiola, son hechos de sangre tratados de forma muy diferente ante la opinión pública, aunque con idéntico resultado: impunidad.
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